La incorporación de las organizaciones políticas como sujetos obligados a declarar las operaciones sospechosas en las campañas electorales ante la unidad de investigación financiera

Abstract

La posible penetración de dinero de origen ilegal hace imperativo que los partidos estén obligados, al igual que los bancos, a detectar y reportar toda operación sospechosa ante los sistemas de prevención del lavado de activos, mediante un oficial de cumplimiento. “Los partidos deben ser personas jurídicas que designen un gerente u oficial de cumplimiento, quien pueda emitir un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), si detecta dineros de fuentes oscuras” Actualmente, las entidades financieras están obligadas a dar estos reportes ante la UIF, entre ellas los bancos, las casas de cambio, agencias de viajes, empresas procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, e incluso los abogados que dan asesoría de índole financiera. Pero los partidos políticos hoy no tienen esa obligación, pese a que contar con este agente les permitiría transparentar mejor sus finanzas y participar en la implementación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Considerando que las organizaciones políticas reciben donaciones, contribuciones, dádivas y aportes económicos, sobre todo en campaña electoral, no cabe duda de que aumenta el riesgo de que asomen delitos como el lavado de activos y penetren dineros de fuente ilícita. Ese riesgo genera la necesidad de fiscalizar de manera eficiente el dinero manejado por los partidos políticos, en especial cuando este se destina al financiamiento de las campañas electorales, en muchas de las cuales se desconoce qué fuentes o intereses están detrás.