Discrepancias jurídicas en torno a la aplicación del proceso inmediato en el Perú

Abstract

Actualmente, dada la creciente ola de inseguridad que se vive en nuestro país, el Poder Ejecutivo desde el ámbito político-criminal, ensaya soluciones a dicho flagelo, apostando por procedimientos normativas que brinden una mayor celeridad en la resolución de casos penales, todo ello, con la finalidad de que esta densa niebla colectiva de temor y angustia ciudadana sea menguada por condenas mucho más rápidas y efectivas. Con fecha 30 de agosto del 2015 se publicó en el diario oficial el peruano, el Decreto Legislativo N° 1194, que establecía la vigencia del proceso inmediato reformado en todo el país. Proceso penal especial, que constituye una forma de simplificación procesal para delitos en flagrancia principalmente, cuya característica es la celeridad en sus plazos. En el acuerdo plenario N° 2 - 2016, se reconoce que el proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal y como tal implica una reducción de etapas procesales, que en este caso se justifican por la “evidencia delictiva suficiente” y la simplicidad procesal o ausencia de complejidad. Así mismo, la figura del proceso inmediato, si bien aparece como un mecanismo de la simplificación procesal, no puede ser incoado sin un fundamento que respete el marco constitucional, porque ello conllevaría a absolutizar la celeridad procesal, vulnerando el marco fundamental de las garantías de la persona en un Estado de derecho. Desde la entrada en vigor de este proceso especial han transcurrido casi cinco años de su aplicación, siendo los fiscales los encargados de instar ese proceso inmediato ante el juez de investigación preparatoria, a fin de pasar al respectivo juicio inmediato; y es, por otra parte, el órgano jurisdiccional encargado de aceptar o no dicho requerimiento fiscal y de juzgar la responsabilidad penal del procesado. En este sentido, la finalidad de la presente investigación radica en analizar la problemática surgida a partir del proceso inmediato reformado, pues pese a su simplicidad y celeridad a la fecha viene generando graves problemas en el derecho de defensa del imputado; los mismo que surgen desde las fases de ofrecimiento, admisión y actuación de la prueba, máxime si la actividad probatoria se desarrolla en un juicio que no debe durar más de tres días.