El control judicial del requerimiento de acusación fiscal como Garantía Constitucional en el Nuevo Código Procesal Penal

Abstract

Asimismo diremos que este sistema procesal penal busca mecanismos de equilibrio en el proceso, como la imparcialidad y objetividad de la actuación fiscal, tal es así que en el artículo 24 del CPP establece “es obligatorio investigar lo desfavorable y lo favorable a los intereses del imputado y demás intervinientes en el proceso”, en esa línea el artículo 70 del mismo estatuto legal establece que “los fiscales, así como las instituciones auxiliares de apoyo a la investigación, adecuarán su actuación a un criterio objetivo , velando por la correcta aplicación de la ley penal. Los requerimientos y solicitudes deberán ser conforme a este criterio, aun a favor del imputado, y tomar en consideración las necesidades y derechos constituidos a favor de la víctima. Los agentes del Ministerio Público no podrán ocultar información, evidencias o pruebas a la defensa”. En esta lógica de la imparcialidad será además importantes en el análisis de la evidencia que llevará al Fiscal a la convicción de que existen fundamentos para presentar acusación contra el investigado. La lógica de la imparcialidad se manifiesta con claridad en el análisis de la prueba indiciaria, con especial referencia a los denominados indicios contingentes. Este trabajo desarrolla tres capítulos importantes: i. La constitucionalización en el proceso penal y dentro de ello desarrolla el neoconstitucionalismo; ii. La acusación fiscal y el principio de imputación necesaria; y iii. El Control Judicial de la acusación fiscal. En ello se tiene como base que el derecho procesal penal revela la situación política y económica de un estado, las circunstancias específicas y las concreciones reinantes del orden y de libertad, por ello decimos que el derecho procesal es derecho constitucional aplicado. Debemos entender que el deber primordial del estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y en el otro extremo consideramos que es proteger a la población de las amenazas contra la seguridad.