Implementación de una Normativa que regule la Ejecución de Obras por Administración Directa

Abstract

Las obras públicas constituyen el dínamo fundamental del desarrollo de un país. En ese sentido, la mayor parte de la infraestructura está orientada a promover el crecimiento y la productividad, lo que incide decididamente en la prosperidad de sus ciudadanos. En ese contexto, en nuestro país, las obras por Administración Directa constituyen aquellas en las que el Estado asume el uso de sus propios recursos para la ejecución de la misma, generando con esto, mayor celeridad en la ejecución de la obra y un uso más racional de la inversión a ser realizada. En la práctica, representa una modalidad en la que el Estado ejecuta una inversión en infraestructura, utilizando su propio personal, equipo e infraestructura. De esta forma, los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales encuentran en las obras por administración directa, el medio ideal para promover el desarrollo en sus jurisdicciones. Sin embargo, este instrumento que debiera constituir todo lo señalado, debido a la carencia de regulaciones específicas y bien estructuradas, se ha transformado en un mecanismo donde se esconden actos de corrupción por parte de malas autoridades y funcionarios, quienes lejos de cumplir con la sagrada misión por la que el Estado les delegó autoridad y rango, terminan convirtiéndose en enemigos del mismo, a través de diversas modalidades que van desde la sobrevaloración, inadecuada ejecución (mala calidad de los materiales utilizados), hasta alteraciones de los reportes de gastos mediante compras inexistentes. De esta forma, si aún la obra termina por ejecutarse y ser entregada, ésta está muy lejos de ofrecer las calidades técnicas, financieras y administrativas mínimas, lo que deviene en su pronta inutilización y abandono tal como lo refrendan las constantes denuncias a los que nos tiene acostumbrados los medios de comunicación. Por todas estas razones, la presente investigación tuvo como objetivo el determinar la manera cómo se puede implementar una Normativa de Ejecución de Obras por Administración Directa que permita cautelar la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. De esta manera, no sólo se previene de malos manejos por parte de autoridades y funcionarios en este tipo de obras, sino que mejora las expectativas de la nación de tener obras de infraestructura, acorde con sus necesidades y con los parámetros de calidad que garanticen su aprovechamiento y uso, mejorando con ello, la calidad de vida de los ciudadanos y la productividad del país. La investigación fue realizada a partir de una revisión bibliográfica sobre el tema, en que se estudió la metodología de Gestión de Proyectos de obras de Arquitectura e Ingeniería, se realizó un análisis de los procesos de obras por administración directa, específicamente en la Región Lambayeque, buscando datos relativos a la cantidad de obras ejecutadas con esta modalidad. También se aplicaron cuestionarios a los diversos agentes involucrados (funcionarios y técnicos que actuaron en las fases de desarrollo de las obras por administración directa) así como a los responsables de la fiscalización.